06 may 2014

Gobiernos nacional y cundinamarqués unidos por las mujeres

NO VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, UN COMPROMISO DE TODOS

• Todas las entidades que converjan en la atención a mujeres víctimas, deberán ejercer acciones integrales coordinadas y articuladas.
• Durante dos días 270 funcionarios municipales de todo el departamento analizaron estrategias de prevención y atención a la violencia contra las mujeres.

(Bogotá, D.C.).  Más de 270 funcionarios municipales del departamento participaron en el taller que analizó la Ley 1257 de 2008 sobre normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, y ruta de atención, organizado por la Secretaría de Desarrollo Social de la gobernación de Cundinamarca y la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer.

“El encuentro se realizó dadas las múltiples inquietudes de las mujeres y sus organizaciones que ante casos de violencia buscan protección del Estado y algunas veces no encuentran eco a sus solicitudes.  Por tanto desde la Secretaría buscamos el acompañamiento del Gobierno Nacional, mediante la Alta Consejería presidencial para la equidad de la mujer a fin de brindarles a ustedes herramientas sobre normatividad, rutas de atención y otros aspectos, que les sirvan en el trabajo cotidiano para atender las diferentes solicitudes de las mujeres sometidas a maltrato, abuso u otro tipo de violencia que buscan apoyo en las instituciones existentes en los municipios del Departamento", expresó la Secretaria de Desarrollo Social departamental, Sonia Flórez Bello.

La agenda desarrolló aspectos como: Derechos de las mujeres; Marco normativo de la Ley 1257 y sus Decretos; Tratados internacionales; Tolerancia social frente a la violencia basada en género y protección; Ruta crítica de las mujeres víctimas; y Atención a mujeres con enfoque étnico y diferencial para indígenas, afrodescendientes y rrom.

En su calidad de conferencistas, representantes del ministerio de Justicia y profesionales en Derecho afirmaron que son más impactantes las denuncias que no hace la comunidad, bajo la premisa de que no vale la pena hacerlas si estas no serán tenidas en cuenta y solicitaron a los asistentes enviarles todas esas inquietudes para presentarlas ante los diferentes Comités. Por su parte, la Policía socializó el funcionamiento de la Línea Telefónica de Orientación Nacional a Mujeres Víctimas de Violencia, cuyo número es el 155 y presta atención las 24 horas. La Defensoría del Pueblo expuso su carácter institucional y finalmente la Alta Consejería mostró la ruta de atención a mujeres con enfoque étnico y diferencial.

Ana María Ianini, representante de la no violencia contra las mujeres de la Alta Consejería Presidencial ratificó la importancia de este tipo de capacitaciones interinstitucionales para brindar una mejor atención a las mujeres víctimas de este flagelo.  “El Estado tiene la obligación de prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos, procurar el restablecimiento de los mismos y -si es el caso-, la reparación de los daños producidos”, dijo.

Estas fueron algunas de las conclusiones del evento:

- La violencia (psicológica, física, sexual y patrimonial) contra las mujeres pasó a ser un problema de salud pública.
- El reconocimiento y comprensión de este flagelo se logra a partir de un diálogo sostenido y proactivo con las diferentes instituciones que integran la Ruta de Atención Integral a las Víctimas de Violencias Basada en Género.
-  En las instituciones municipales hay insuficiencia de recursos económicos, físicos, humanos y equipo interdisciplinario psicosocial para la atención de las víctimas.
- Los funcionarios requieren mayores herramientas teórico-prácticas.
- El conocimiento de esta Ley 1257 de 2008 debe darse desde los colegios y con equidad de género y adelantar un diálogo intercultural y caracterización étnica para conocer las formas de gobierno, sus usos y costumbres.

En el taller participaron  jueces promiscuos; comisarios de Familia; secretarios de Desarrollo Social, Educación y Salud; además de psicólogos, trabajadoras sociales, funcionarios de las alcaldías y directivos de entidades nacionales.