Cundinamarca,12 de junio de 2026. La Gobernación de Cundinamarca realizó la primera sesión del Comité Territorial de Justicia Transicional (CTJT) de 2026, escenario en el que fueron aprobados instrumentos clave para la atención a las víctimas del conflicto armado y la prevención de violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) en el departamento.
Durante la jornada, las entidades participantes socializaron y aprobaron el Plan Integral de Prevención de Violaciones a los Derechos Humanos e Infracciones al DIH, junto con su instrumento de seguimiento, herramientas que permitirán monitorear el cumplimiento de las acciones definidas para identificar riesgos y proteger a las comunidades en los territorios.
De igual manera, el comité dio vía libre a las modificaciones del Plan de Acción Territorial (PAT) de Cundinamarca, documento que orienta las estrategias, programas y recursos destinados a la asistencia, atención y reparación integral de la población víctima.
La sesión también permitió presentar la oferta institucional de las entidades nacionales y departamentales que integran el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, así como aprobar el plan de trabajo que marcará la agenda del Comité Territorial de Justicia Transicional durante la vigencia 2026.
Durante la instalación del encuentro, el secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana, Luis Fernando Navarro Jiménez, destacó la importancia de este espacio para coordinar acciones orientadas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición para las víctimas del conflicto armado.
“Desde el inicio de esta administración hemos trabajado de manera articulada para responder a las necesidades de las víctimas y avanzar en el cumplimiento de las metas establecidas para esta población. Esta sesión nos permite revisar resultados y definir las acciones que desarrollaremos durante el presente año”, señaló el funcionario.
Los acuerdos alcanzados consolidan la coordinación entre las entidades del orden nacional, departamental y municipal responsables de la política pública de víctimas, permitiendo avanzar en la ejecución de acciones dirigidas a la protección, asistencia y garantía de derechos de quienes han sido afectados por el conflicto armado en Cundinamarca.
