(Cundinamarca, 9 de abril de 2025). Con la participación de representantes de la población afectada por el conflicto armado colombiano y autoridades departamentales, la Gobernación de Cundinamarca instaló el primer Comité Territorial de Justicia Transicional del año, una instancia clave en la política pública de atención a las víctimas.
Durante el encuentro, presidido por el gobernador Jorge Emilio Rey Ángel, se aprobó la actualización del Plan de Acción Territorial (PAT) 2025, que establece las líneas estratégicas de prevención, protección, asistencia y reparación integral. Este plan contempla acciones específicas para garantizar los derechos de las víctimas, en cumplimiento de la normatividad vigente.
Entre las medidas priorizadas se destacan:
El gobernador celebró la participación de los representantes de las víctimas en este comité: “Sin duda, en el desarrollo de nuestras tareas siempre reconocemos cada una de sus observaciones, esa sana crítica constructiva que nos permite llegar a todos los rincones de nuestro departamento y obtener los mejores resultados para proteger a las más de 170 mil víctimas que tenemos en Cundinamarca”
Así mismo, el mandatario destacó la relevancia de este encuentro como un escenario propicio para el diálogo, la inclusión y la construcción colectiva: “Hoy se abre una valiosa oportunidad para la reflexión conjunta, en la que abordaremos una variedad de temas fundamentales. Nuestra intención es que cada uno de los presentes se sienta escuchado, representado y con la posibilidad de aportar, porque solo a través de la participación respetuosa lograremos avanzar hacia soluciones reales y sostenibles.”
En la sesión participaron también voceros de la Mesa Departamental de Víctimas, quienes presentaron sus inquietudes y aportes sobre el cumplimiento de los compromisos institucionales. La presencia de las víctimas reafirma el carácter participativo del comité y fortalece su legitimidad como espacio de construcción conjunta.
El Comité Territorial de Justicia Transicional representa un paso firme hacia la consolidación de la paz territorial, al articular esfuerzos institucionales en pro de la verdad, la justicia y la reparación. Su funcionamiento continuo permitirá avanzar en la garantía de derechos y en la reconciliación de los territorios más afectados por el conflicto.