Cundinamarca destina $9.500 millones para la atención de las personas mayores

  • En la tercera sesión del CODEPS se presentó la distribución de los recursos de la Estampilla Departamental para el Bienestar de la Persona Mayor y los avances de tres políticas públicas con proyección a 10 años.

(Cundinamarca, octubre 14 de 2026). A través de la Secretaría de lo Social y la Familia, se desarrolló la tercera sesión del Consejo Departamental de Política Social (CODEPS), escenario en el que se abordaron decisiones relacionadas con la atención de las personas mayores y los avances en la formulación de políticas públicas para responder a las necesidades de la población.

Durante la jornada se aprobó la distribución de $9.500 millones de la Estampilla Departamental para el Bienestar de la Persona Mayor, correspondientes a la vigencia 2026. Los recursos proyectan beneficiar a 49.862 personas mayores en situación de vulnerabilidad de los 116 municipios del departamento.

De acuerdo con la distribución establecida en la normatividad vigente, $6.650 millones (70 %) se destinarán a Centros Día/Vida, mientras que $2.850 millones (30 %) se asignarán a Centros de Protección de larga estancia. Estos recursos respaldarán servicios como alimentación, atención primaria y aseguramiento en salud, orientación psicosocial, actividades productivas, recreación y auxilio exequial.

“Los miembros de esta mesa conocemos y reconocemos que estos recursos están destinados, de manera principal y prioritaria, a las personas mayores en situación de vulnerabilidad. Con esta distribución, cerca de 50.000 personas mayores serán beneficiadas en los 116 municipios de Cundinamarca”, afirmó Germán Enrique Gómez González, gobernador encargado de Cundinamarca.

 

La asignación se realizó teniendo en cuenta la población atendida en los municipios de las 15 provincias, conforme a la cifra repartidora establecida mediante la Resolución 025 del 6 de octubre de 2026.

La sesión también incluyó la presentación de los avances de tres políticas públicas departamentales: Paz y Convivencia; Discapacidad; y Deporte, Recreación y Actividad Física, formuladas a partir de diagnósticos técnicos y procesos de participación, con una proyección de implementación a 10 años.

La Política Pública de Paz y Convivencia, liderada por la Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana, contempla acciones relacionadas con la convivencia pacífica, la atención a víctimas del conflicto armado, la reconciliación y la prevención de las violencias cotidianas. Entre sus ámbitos de intervención se encuentran la violencia intrafamiliar, las violencias contra niños, niñas y adolescentes y las violencias basadas en género.

En cuanto a la Política Pública de Discapacidad, la Secretaría de lo Social y la Familia presentó una propuesta elaborada con el acompañamiento académico de la Universidad Externado de Colombia y la participación de actores institucionales y sociales de las 15 provincias.

El diagnóstico identifica 144.895 personas con discapacidad en Cundinamarca, equivalentes al 4,3 % de la población, y evidencia brechas en educación, empleo y acceso a servicios de rehabilitación. Para responder a estas necesidades, la propuesta contempla 4 ejes estratégicos, 16 líneas y 42 metas de producto, concertadas con 12 entidades responsables, así como 41 indicadores de seguimiento.

La implementación de esta política, prevista para el periodo 2027–2036, cuenta con una inversión proyectada de $537.420 millones, orientada al desarrollo de acciones en favor de los derechos y la inclusión de las personas con discapacidad.

Por su parte, la propuesta de Política Pública del Deporte, la Recreación y la Actividad Física, liderada por Indeportes Cundinamarca, busca ampliar las oportunidades de acceso a estas actividades en los 116 municipios. La iniciativa reconoce su aporte al bienestar, la salud pública, la integración comunitaria y el desarrollo del talento deportivo.

Los avances presentados en el CODEPS permiten articular las prioridades de las distintas dependencias departamentales y orientar la planeación de acciones a largo plazo, con base en las necesidades identificadas en los territorios y la garantía de derechos de sus habitantes.

 

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