(Cundinamarca, 24 de septiembre de 2025). El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, rechazó de manera enfática que la concesión Coviandina atribuya a 12 viviendas campesinas de la vereda Caraza, en Chipaque, la responsabilidad del deslizamiento ocurrido en el kilómetro 18+600 de la vía al Llano, que completa 17 días cerrada.
Rey calificó como “absurdo e injusto” culpar a los cerca de 40 habitantes de esas viviendas, en su mayoría adultos mayores y personas con discapacidad, dedicados al cultivo de aromáticas y hortalizas. “Solo falta que pretendan que ellos mismos estabilicen la montaña y recojan el material que cubre la vía”, escribió en su cuenta de X.
El mandatario señaló que la verdadera causa estaría en los miles de metros cúbicos de agua que se filtran desde las cunetas de la carretera en el kilómetro 16 y que descienden hasta el punto del deslizamiento. Recordó que la anterior concesión había construido canales y pozos de abatimiento para mitigar ese riesgo, obras que con el tiempo dejaron de recibir mantenimiento, se fisuraron y se saturaron, incrementando la inestabilidad de la ladera.
En paralelo, Rey informó que el 24 de septiembre se desarrolló un Puesto de Mando Unificado (PMU) departamental, en el que participaron la Gobernación, la ANI, el Invías, la Concesión, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Ministerio de Transporte. En esta instancia, se definió que la concesión deberá adelantar estudios técnicos y ejecutar obras de conducción y manejo de aguas en la parte alta del sector, así como un monitoreo topográfico permanente.
El gobernador solicitó que el Ministerio de Transporte convoque y lidere un PMU nacional, programado para el viernes 26 de septiembre, con el fin de definir los recursos técnicos y presupuestales que permitan ejecutar una solución definitiva. “Esperamos que el Gobierno Nacional asuma la responsabilidad de impulsar las obras de ingeniería necesarias para mitigar el riesgo y recuperar este corredor vital para la movilidad del país”, afirmó.
El PMU departamental se mantendrá activo hasta que inicie el nacional, con el objetivo de garantizar articulación entre los sistemas de gestión del riesgo departamental y nacional, y consolidar un plan de acción conjunto.
