(Cundinamarca, octubre 14 de 2025). En una declaración conjunta con más de 70 alcaldes y el gerente de Empresas Públicas de Cundinamarca (EPC), el gobernador Jorge Emilio Rey Ángel denunció la parálisis de 66 proyectos de acueducto y alcantarillado que permanecen sin viabilización técnica en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, afectando inversiones por más de $820.000 millones.
“Hace 17 meses radicamos los proyectos y solo recibimos una carta general, sin precisiones técnicas. Ya pasaron 20 días desde que el Ministerio se comprometió a una mesa de seguimiento y no se ha convocado”, afirmó el mandatario departamental.
Durante el encuentro, los alcaldes manifestaron su preocupación por el impacto directo de estos retrasos en la salud y bienestar de miles de familias que aún carecen de servicios básicos.
“Esto afecta a comunidades rurales y urbanas, retrasa el desarrollo local y compromete los planes de gobierno municipales y departamentales”, señaló el alcalde de El Rosal, Jorge Mikán.
A su turno, el gerente de Empresas Públicas de Cundinamarca, Jorge Machuca, recordó que el Ministerio tiene la obligación de emitir observaciones en un máximo de 15 días hábiles, según los artículos 16 y 18 de la Resolución 0661 de 2019, plazo que en este caso se ha incumplido reiteradamente.
“Lo que pedimos es acompañamiento técnico y claridad sobre los ajustes necesarios para que los proyectos avancen. No se trata solo de revisar requisitos, sino de facilitar soluciones”, puntualizó Machuca.
El gobernador Rey advirtió además que la Ley de Garantías Electorales, próxima a entrar en vigencia, impedirá la firma de nuevos convenios, lo que pondría en riesgo la ejecución de obras que requieren entre 18 y 24 meses para su culminación.
“Si el agua potable es la prioridad nacional, como lo proclama el Gobierno, no se puede seguir bloqueando la gestión local. La inoperancia administrativa está frenando proyectos vitales para la vida y la salud de los cundinamarqueses”, enfatizó Rey Ángel.
Cundinamarca reitera su disposición a trabajar de manera articulada con el Gobierno Nacional, pero exige respuestas y decisiones concretas que permitan liberar los recursos y avanzar en las obras que garantizarán agua y saneamiento digno en el territorio.
