(Cundinamarca, 08 de febrero de 2021). La Gobernación de Cundinamarca, a través de la Secretaría de Gobierno, lideró el Consejo de Seguridad de la providencia del Alto Magdalena, jornada realizada en Girardot, capital de la provincia y en la cual se reunieron representantes de los Gobiernos Departamental y Nacional, instituciones de la fuerza pública y alcaldes de los municipios de Agua de Dios, Ricaurte, Guataquí, Jerusalén, Nariño, Nilo, Tocaima y Girardot.
Dicha jornada buscó aunar esfuerzos entre los participantes, generar acuerdos y soluciones preventivas en materia de seguridad y orden público. De esta manera, con las inquietudes y necesidades expuestas por los alcaldes de la provincia, las instituciones y la Secretaría de Gobierno, se establecieron medidas a corto y mediano plazo para trabajar en contra en los delitos más recurrentes en este territorio, fijando propuestas tales como:
1. Generar un proyecto regional, que permita fortalecer todos los aspectos entorno a la seguridad.
2. Renovar y mejorar el parque automotor y cámaras de seguridad que se puedan conectar a telemática de la policía.
3. La Policía debe estar enfocada a las necesidades de seguridad.
4. Los alcaldes de cada municipio crearán campañas de convivencia para sus territorios.
Cabe destacar que con estas mesas de trabajo la Secretaría de Gobierno, en un trabajo mancomunado con Ejército y Policía Nacional, y bajo la estadística que brinda el Observatorio de Seguridad, establecieron dichos compromisos para brindar un parte de seguridad y tranquilidad a las autoridades y comunidad en general y así cumplir las metas del Plan de Desarrollo, que buscan hacer de Cundinamarca el departamento más seguro del país.
En ese sentido, la realización de esta actividad va de acuerdo al cumplimiento del Plan de Desarrollo, Cundinamarca, Región que Progresa, correspondiente a la meta 440 que se enfoca en financiar el 80% de las solicitudes de las autoridades de seguridad, convivencia y orden público del departamento y la meta 443 concerniente a la implementación de un plan de garantía de convivencia justicia y derechos humanos en el territorio.
