Por primera vez en la historia del departamento se hace el cierre de un plan integral de reparación a las víctimas.
(Cundinamarca, 25 de julio de 2018). Alcelis Coneo Barbosa, subdirectora de la Unidad Nacional de Restitución de Tierras, destacó la forma como se ha desarrollado la política de restitución de tierras en Cundinamarca y manifestó que el departamento es pionero en el país en la implementación de la matriz de seguimiento a las órdenes de los jueces, así como en el seguimiento que hace a los municipios que apoyan el alivio de pasivos, haciéndose cargo del impuesto predial y demás gravámenes que tengan pendientes los bienes restituidos.
El reconocimiento se dio a conocer en desarrollo del segundo Comité Departamental de Justicia Transicional (CDJT) ampliado, instancia destinada a revisar el cumplimiento de la ley dirigida a la población víctima del conflicto armado interno (Ley 1448 de 2011), así como la toma de decisiones sobre temas que los afectan.
La instancia de análisis fue presidida por el Gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, y en desarrollo de la misma se presentaron los avances departamentales en la implementación del Plan de Acción Territorial (PAT), el plan de retornos y reubicaciones, así como las medidas de protección a líderes sociales, entre otros temas.
“Con una inversión cercana a los $200 millones, Cundinamarca ha apoyado los fallos de restitución de tierras que en nuestro territorio ascienden a 87 y benefician a 494 víctimas del conflicto armado, de manera especial en los municipios de La Palma, Yacopí, Topaipí y San Juan de Rioseco, donde ya se reportan casos exitosos de reparación integral”, explicó Nelson Germán Velásquez, director de la Dirección de Atención Integral a las víctimas de la Secretaría de Gobierno.
En materia de reparación colectiva, el CDJT destacó que, por primera vez en la historia del departamento, se hace el cierre del plan integral de reparación del sujeto reconocido en la vereda Guayabal del Toledo, del municipio de El Peñón. En este proceso se avanza en la disposición de aspectos logísticos relacionados con la organización de brigadas de salud y, con la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación de Bogotá, dependencia de la Alcaldía Mayor, con la cual el Gobierno departamental ha hecho un acuerdo de trabajo conjunto para identificar casos de retorno o reubicación de familias que deseen regresar a algunos municipios del departamento.
En ese sentido se implementarán dos proyectos pilotos en los municipios de Viotá y La Palma, cada uno con aproximadamente 40 familias, que se reintegrarán al territorio cundinamarqués en condiciones dignas, con proyectos productivos y apoyos en seguridad alimentaria y vivienda, entre otros beneficios.
También se han garantizado jornadas de oferta institucional, gestiones para el acceso al Sistema de Información de la Red de Desaparecidos Cadáveres (Sirdec) de Medicina Legal; funcionamiento de los Centros Regionales de Atención y Reparación a Víctimas (CRAV), ubicados en Soacha, La Palma y Viotá, además de proyectos productivos y acciones de reparación simbólica y reconstrucción de la memoria histórica.
