Cundinamarca presentó Plan de Acción Territorial para víctimas
(Bogotá, D.C., 24 de enero de 2017). En el marco del primer Comité Territorial de Justicia Transicional de Cundinamarca (CTJT), 2017, presidido por el gobernador, Jorge Emilio Rey Ángel, fueron socializados los ajustes al Plan de Acción Territorial (PAT), con el fin de ser aprobados para proceder a la destinación y priorización de recursos que garanticen el restablecimiento de los derechos de las víctimas del conflicto armado.
Apoyar decididamente las mesas municipales de víctimas, incluyendo una de niños, niñas y adolescentes, fortalecer los proyectos productivos y de caracterización de la población, así como promover la construcción de un centro de memoria histórica, de la mano de la mesa departamental, fueron los compromisos adquiridos entre el gobernador de Cundinamarca y Alan Jara, director de la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas (UARIV).
Durante la sesión ampliada, a la cual fueron convocados los alcaldes de los 116 municipios del departamento, con participación de los delegados de las entidades con competencias en la asistencia, atención y reparación a las víctimas, entre otras, la UARIV, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), y la Unidad de Restitución de Tierras, junto con los miembros del gabinete departamental y los representantes de la mesa de participación, el Gobernador hizo un llamado para que desde las alcaldías municipales se fomente la participación efectiva de las víctimas, y así, se garantice un enlace, ya que un 30% de los municipios no cuenta con un representación de esta población.
Víctimas en Cundinamarca en cifras:
Según la UARIV, en Cundinamarca se encuentran formalmente registradas 139.512 víctimas de conflicto armado. Los municipios más azotados por la violencia son Viotá (5.464), La Palma (7.249), Fusagasugá (8.633) y Soacha (41.318). Este último municipio se consolida como el tercero en recepción de población víctima en el país y el primero en el departamento.
Entre los hechos victimizantes más comunes, se encuentran en su orden, el desplazamiento forzado (80%), seguido de homicidio (11.1%), amenaza (3.8%) y desaparición forzada (1.9%).
Actualmente, la Gobernación de Cundinamarca ha apropiado un rubro de $3.200 millones, mientras se encuentra adelantando gestiones para la ampliación de recursos con cooperación internacional.
