(Cundinamarca, mayo 2 de 2025). Durante una entrevista concedida a la emisora La Favorita 88.3 FM, el secretario Jurídico de la Gobernación de Cundinamarca, Germán Enrique Gómez González, se refirió a dos temas clave para el futuro del departamento: las determinantes ambientales y el impacto de la reciente decisión de la Corte Constitucional sobre la ley de licores.
Sobre el primer tema, el secretario afirmó que la administración departamental reconoce la competencia del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, pero insiste en que la formulación de determinantes ambientales debe hacerse con enfoque participativo y en sintonía con las realidades locales. Actualmente, 35 municipios del departamento se verían afectados por el eventual acto administrativo nacional.
“Coincidimos en la importancia de la protección ambiental, pero también debemos valorar hasta qué punto se está respetando la autonomía de los concejos y alcaldías para proponer y aprobar normas de ordenamiento territorial”, indicó Gómez.
La posición de Cundinamarca fue respaldada recientemente por el Tribunal Administrativo del departamento, que ordenó al Ministerio reiniciar el proceso de formulación del acto administrativo, garantizando el debido proceso y la participación de todos los actores.
Impacto de la ley de licores
En el mismo espacio, Gómez se refirió a la reciente decisión de la Corte Constitucional que declaró inexequible la norma que permitía a los entes territoriales proteger su industria licorera. Esta decisión afectará directamente a la Empresa de Licores de Cundinamarca (ELC), cuya proyección de ingresos podría reducirse en más de $500 mil millones durante la próxima década.
Frente a este panorama, el secretario afirmó que la Gobernación ya trabaja en estrategias para contrarrestar el impacto financiero. “Tenemos una fuerza de ventas sólida y una visión de expansión que nos permitirá convertir esta dificultad en una oportunidad de crecimiento para la ELC”, puntualizó.
La Gobernación de Cundinamarca reiteró su disposición a seguir trabajando en coordinación con el Gobierno nacional, autoridades locales y actores clave para proteger los intereses económicos, sociales y culturales del departamento, con un enfoque de desarrollo sostenible y defensa de la identidad regional.
