En un conversatorio, coordinado por el comité seccional de género de Bogotá y Cundinamarca y el con apoyo de la Cruz Roja Colombiana, se analizó la relevancia de la incorporación de la perspectiva de género en la administración de justicia.
(Cundinamarca, 12 de julio de 2018). Con la participación del Consejo Superior de la Judicatura, las Secretarías de la Mujer y Equidad de Género de Cundinamarca y de la Mujer de Bogotá, Sisma Mujer y el Centro de Memoria Histórica se analizó desde diferentes enfoques la importancia de generar estrategias que aporten y cualifiquen las rutas y mecanismos de acceso que tienen las mujeres víctimas de violencias a la administración de justicia.
El conversatorio fue instalado por la presidenta del Comité Seccional de Género de Bogotá y Cundinamarca, Ariela del Pilar Lineiro, quien destacó la importancia de promover y construir acciones al interior del sistema judicial, que reconozcan a las mujeres como sujetos de derechos y aporten o faciliten de forma eficiente y eficaz su acceso a la justicia, en caso de que sean víctimas de alguna forma de violencia.
Por su parte, la Magistrada de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, Gloria Stella López Jaramillo, evidenció la importancia de incorporar la perspectiva de género con enfoque diferencial en las decisiones judiciales, indicando que tanto las situaciones, como las condiciones y posiciones que ocupan las mujeres en la sociedad con base en categorías como la raza y el estrato socioeconómico, entre otras, deben ser tenidas en cuenta por quienes administran la justicia en el país.
Magda Victoria Acosta Walteros, Magistrada de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, dio a conocer cómo algunos estereotipos sobre los cuerpos y las capacidades de las mujeres dificultan su acceso a la justicia en condiciones de igualdad y oportunidad. De ahí la importancia de actuar conforme con la jurisprudencia que se ha emitido para garantizar los derechos humanos de las mujeres.
Precisamente, una de las normas socializadas en el espacio fue la Ley 1719 de 2014, “por la cual se modifican algunos artículos de las leyes 599 de 2000,906 de 2004 y se adoptan medidas para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial la violencia sexual con ocasión del conflicto armado, y se dictan otras disposiciones”, a través de la exposición del informe nacional sobre las violencias sexuales ejercidas en el marco del conflicto armado, a cargo de Rocío Martínez Montoya del Centro de Memoria Histórica.
La secretaria de la Mujer y Equidad de Género de Cundinamarca, Ana Ragonesi Muñoz, habló sobre la necesidad de fortalecer cuatro aspectos para promover y cualificar el acceso de las mujeres a la administración de justicia: 1. Formación y sensibilización a operadores de justicia sobre el abordaje integral de las violencias basadas en género; 2. Articulación intersectorial e interinstitucional en la promoción de los derechos humanos de las mujeres, la prevención de violencias en su contra y la atención integral, acciones que incluyen la vinculación de hombres defensores y garantes de los derechos humanos de las mujeres; 3. Creación y fortalecimiento de los mecanismos de género a nivel territorial, y 4. Fortalecer y cualificar el diseño e implementación de las rutas de atención de violencias contra las mujeres.
Finalmente, la secretaria de la Mujer de Bogotá, Catalina Quintero Bueno, evidenció la importancia de eliminar la violencia institucional contra las mujeres, expresa en la tolerancia a las mismas y en el desconocimiento y la falta de aplicabilidad a las normas existentes que promueven, defienden y garantizan los derechos de las mujeres. En este sentido, Linda Cabrera, representante de Sisma Mujer, hizo hincapié en la necesidad de desnaturalizar las violencias contra las mujeres en el marco de los procesos de restablecimiento de derechos que las ciudadanas inician.
